Domingo 29 de Mayo de 2022

TUCUMÁN

26 de abril de 2022

Asumieron nuevas autoridades del Servicio Penitenciario

"Seguimos avanzando en materia de Seguridad como una verdadera política de Estado, y dentro de ella incluimos la política carcelaria", aseguró el gobernador Jaldo

El gobernador, Osvaldo Jaldo tomó juramento en la mañana de hoy, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, a tres nuevos funcionarios que pertenecerán al Ministerio de seguridad, desempeñando funciones bajo la órbita de Institutos Penales. Asumieron Graciela Sare, como subsecretaria de Servicios Penitenciarios; Alberto Pereyra, como director general de Institutos y Julio Galván, como subdirector de la Dirección General de Institutos Penales.

Seguimos avanzando en materia de Seguridad como una verdadera política de Estado, y dentro de ella incluimos la política carcelaria. Hoy hemos realizado cambios en toda la conducción de Villa Urquiza, un penal muy amplio necesitábamos reformular toda la estructura interna para llevar una mejor conducción", expresó Jaldo.

"El área de seguridad nos preocupa y nos ocupa. Por ello, a nuestra Policía la hemos equipado con vehículos y equipos, pero esto también debe ir acompañado de una política carcelaria y para eso tiene debe haber gente capacitada que la maneje y controle", agregó el Gobernador. Y aseveró: "Hoy, en Tucumán se va a construir una cárcel nueva en Benjamín Paz con 1200 plazas para seguir albergando a todos aquellos que obran afuera de la ley. Además, contamos con cuatro alcaldías que suman 1300 plazas más. Vamos a duplicar y triplicar las plazas en casi 18 meses".          

Además de los flamantes funcionarios, junto a Jaldo estuvieron presentes el presidente de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; el ministro de Desarrollo Productivo, Ávaro Simón Padrós; el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; el jefe de Policía, Julio Fernández; el Subjefe de Policía, Sergio Sobrecasas; el fiscal de Estado, Federico Nazur y la plana mayor de la Policía.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, declaró que el nombramiento de las nuevas autoridades forma parte de “una evaluación sobre el penal de Villa Urquiza y las políticas que se venían realizando sobre las personas en situación de encierro. Tuvimos charlas con miembros de la Corte Suprema, los jueces y el Ministerio Público Fiscal, con lo cual se decidió dar un cambio en el timón y buscar una renovación del área porque considerábamos que había un ciclo cumplido. Buscamos controlar algunos aspectos a nivel general a partir de una política pensada para el personal del sistema carcelario que debe mejorar, como también las personas que están privadas de su libertad”. 

Las nuevas autoridades, comentó el Ministro, “tienen la obligación de realizar un análisis de la situación”. Además, contó que se trabaja en mejoras edilicias del Penal tanto con empresas privadas como con la colaboración de detenidos que realizan acciones de labor terapia. 

Asimismo, comentó, “se regularizó el área de Producción del Penal con el fin de recuperar el prestigio de su servicio donde se elaboraban productos que daban prestigio a la institución. Se busca reforzar el sistema de patronato. De ello depende el sistema de pulseras electrónicas, lo que determina la libertad de las personas”. 

Con respecto a la Ley de Narcomenudeo explicó que se crearán dos fiscalías, una defensoría y dos juzgados con cuatro jueces para el Centro Judicial Capital y una fiscalía, un juzgado con dos jueces y una defensoría para el Centro Judicial del Sur.

Por su parte, Sare agradeció la confianza al gobernador Osvaldo Jaldo. "Las políticas penitenciarias y post penitenciarias forman parte y son obligación de un Estado. Cuando una persona ingresa al penal empieza otra etapa y de eso se trata, de cómo trabajar con el preso y su situación", sostuvo. Y agregó: "Es la obligación del Estado cambiar la situación de esta persona y el proyecto de vida para que se vuelva a insertar la sociedad".

El flamante director general de Institutos Penales, Pereyra, comentó: “el trabajo tiene que ser en beneficio del recluso, del personal que lo custodio y de la misma sociedad. Apuntamos a mejorar la situación del recluso, del personal y de los mismos ciudadanos”. 

Por otro lado, comentó: “en su discurso, el Gobernador dijo que tomó con seriedad la decisión de cambiar el trabajo del Servicio Penitenciario con un modelo normalizador, disciplinario y correccional. Donde la persona que va a parar al servicio penitenciario tiene que ser tratada a partir de un equipo multidisciplinario y realizarse un seguimiento para que cuando salga del Penal sea una persona de bien”. 

“En cuanto a la cantidad de detenidos en cárceles, no es un problema provincial, sino nacional e internacional. Los catedráticos hablan de que las cárceles son depósitos o jaulas. Hoy, a partir del trabajo multidisciplinaria, se busca transformar a la persona a partir del apoyo familiar y de profesionales”, concluyó.

 

 

 

 

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