Lunes 14 de Junio de 2021

ARGENTINA

8 de julio de 2020

La Justicia deja a Lázaro Báez al borde de la excarcelación

Casación ordena volver a analizar si se otorga excarcelación o prisión domiciliaria al empresario. Es en una causa de lavado que ya fue elevada a juicio

La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy un fallo que había rechazado excarcelar o conceder prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que resuelva otra vez sobre un planteo de su defensa en la causa conocida como M&P, donde se lo acusa de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Luego de más de cuatro años de estar detenido, el dueño de Austral Construcciones quedó muy cerca de irse a su casa con una domiciliaria.

“Hay una fianza pedida por el fiscal de 5 millones y medio de dólares. Si paga la fianza, podrá acceder al arresto domiciliario”, confirmó una fuente judicial. Desde su defensa dijeron que ese monto, si se confirma, sería muy elevado y adelantó que ya están trabajando para contratar un seguro.

Casación tuvo en cuenta la opinión del fiscal Abel Córdoba, quien había aceptado el planteo de su defensa y cuestionó la detención de Báez. “La consideración conjunta de los plazos de detención del imputado Lázaro Antonio Báez, por el grado de afectación de los derechos individuales que implica, eclipsa de manera irreparable cualquier intento del Estado de fundar la continuidad de su encierro carcelario, más allá incluso de la vigencia indudable de cierto riesgo procesal, concreto y actual”, sostuvo el fiscal.

En ese mismo dictamen, Córdoba sugirió que se utilice una pulsera electrónica, con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 km del tribunal, y se fije una fianza “en el equivalente en pesos a 5.500.000 de dólares”.

Además los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), “no se hizo presente” a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

Se trata del caso conocido como “M&P”, otra empresa de la familia Báez, que ya fue elevado a juicio oral. La maniobra investigada no podía hacerse sin la participación de las sociedades fantasmas, técnicamente denominadas “sociedades afines a la intermediación financiera marginal” o “cuevas financieras”. Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios.

De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.

La investigación de M&P arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).

Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.

Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016. Su defensa argumentó que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes tipo 2, lo cual lo pone en situación de riesgo ante la pandemia de coronavirus.

El juicio por “la ruta del dinero K” está a un paso de la sentencia, la nueva fecha prevista es el 22 de julio. 

 

 

 

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